“Los formadores de precios se apropian de lo que le corresponde al consumidor”


La revista digital Hamartia entrevistó a Augusto Costa, luego de las sanciones a las grandes cadenas de hipermercados. Por sólo 8 de las actas (de las 141 que ya labradas), las multas ascienden a un total de 3,4 millones de pesos.

¿Qué es un precio justo?

Es muy buena la pregunta, porque cuando uno busca tener una política de precios hay que empezar aclarando qué implica tener una política de precios. En economía es una categoría ancestral. De hecho, ya Santo Tomás de Aquino hablaba del precio justo de las transacciones, censuraba mucho la usura o a aquel que a través de tener la propiedad de un bien pretendía apropiarse de más de lo que le corresponde: desde cuestiones teológicas hasta morales. Nosotros, desde el punto de vista no filosófico sino económico, entendemos que un precio tiene que garantizar que, dada la situación de costos para producir el bien o el servicio, se pueda tener una rentabilidad razonable para poder seguir produciendo e invirtiendo. Cuando el precio es superior a los costos más una rentabilidad razonable, ese excedente lo está pagando el siguiente eslabón en la cadena, o el consumidor en última instancia. Si un trabajador, un argentino, que va a comprar algo debería pagar menos, entonces le sacaste más del bolsillo para quedarte con una rentabilidad superior a la que correspondería. Ahora, la siguiente pregunta debería ser cómo se determina una rentabilidad razonable, ¿no? Hay momentos donde la propia dinámica económica permite tener tasas de rentabilidad superiores. Pero, desde el punto de vista económico, lo que determina una rentabilidad razonable es que vos no ganás ni más ni menos de lo que podrías ganar en otra actividad similar o de lo que gana otra empresa del sector que hace algo parecido a lo que hacés. Es un concepto relativo. En una economía de mercado, si hay alguien que tiene una rentabilidad muy superior a la que se puede obtener en una determinada actividad, la teoría económica supondría que un empresario que tiene un capital va a tratar de invertir en eso porque se está obteniendo una rentabilidad grande. Cuando entre a competir esa nueva empresa, debería bajar el precio. ¿Qué pasa en economías como la nuestra, en donde en muchos sectores hay una estructura de mercado concentrada? Es decir, hay pocos jugadores con poder de fijación de precio. Está restringida esa competencia y los que están se apropian de una rentabilidad superior a la que le correspondería justamente porque tienen poder de definición de precios, poder de mercado.

¿Qué se busca con Precios Cuidados?

La política macroeconómica del gobierno, es decir, su política cambiaria, fiscal, monetaria, su política de ingresos, apunta a un modelo de crecimiento con inclusión social, lo que implica no sólo garantizar que la economía crezca sino también que distribuya. Hay una política de ingresos que permite distribuir a través, por ejemplo, de la inclusión jubilatoria, de los programas de transferencia de ingresos como la Asignación Universal por Hijo o PROGRESAR que acaba de salir. A esto se suma todo lo que puede ser el acceso a vivienda como Procrear, la obra pública, y sobre todo la generación de condiciones para que haya empleo. El Estado, con su demanda, genera condiciones para que haya empleo y que el crecimiento sea inclusivo y distribuya. En esas condiciones, cuando hay un estado muy preocupado por mejorar las condiciones de vida de todos los argentinos, sobre todo los más postergados, al mismo tiempo hay formadores de precios que pretenden aprovecharse de esa situación cobrando precios más caros. Los formadores de precios se apropian así de lo que debería corresponderle al consumidor o a eslabones más débiles de la cadena como los pequeños productores, que están más descentralizados y son pocos y tienen que negociar con las grandes empresas. Ahí aparecen rentabilidades no razonables o precios no justos. La política del gobierno tiene que ver con evitar que por las condiciones estructurales del mercado y por la política de fuerte impulso de crecimiento con inclusión social del gobierno, una rentabilidad excesiva termine en poder de los que no corresponde. Por eso estamos con nuestra política de administración de precios, para evitar esos abusos.

¿Hay que limitar la rentabilidad? ¿Se puede hacer algo semejante a la Ley de Precios Justos de Venezuela?

No, no se trata de limitar la rentabilidad, porque no es un problema la rentabilidad empresaria. De hecho, una economía se mueve en base a rentabilidad empresaria. Las tasas de inversión en la Argentina de los últimos 10 años fueron altas y en el año 2011 hubo un récord del 24% del producto interno bruto. Esa tasa de inversión vino empujada por el crecimiento de la inversión pública, vino empujada por toda la política de dinamización del mercado interno que tiene el gobierno, pero sobre todo por la inversión privada. ¿Por qué? Porque había rentabilidad. Un empresario que ve que tiene rentabilidad y que sabe que invirtiendo puede producir más y tener más ganancia, entonces tiene un incentivo para invertir. Y una economía moderna se mueve con inversión privada. Este gobierno genera las condiciones para la inversión privada. Entonces no es un problema la rentabilidad. El problema es cuando esa rentabilidad no sólo permite hacer las inversiones que dada la expectativa de ganancia quiere hacer el empresario, sino también apropiarse de una rentabilidad extra que no necesariamente se invierte y que implica sacar del bolsillo de los trabajadores, de los consumidores, de los pequeños productores. El problema es la rentabilidad extraordinaria. Es importante tener una visión de todos los eslabones de la cadena de valor. Desde el productor que produce tomates, el tipo que los procesa y los envasa, hasta el supermercado que lo vende: cómo se va descomponiendo el precio que paga el consumidor en las diferentes etapas. Si la mayor parte se la queda un eslabón que no es el que aportó el valor agregado o el que tiene los mayores costos, tenemos un problema serio, porque se lleva más el más fuerte o el que puede exigir condiciones a los productores o al siguiente eslabón. Ahí es donde el gobierno interviene y con la política de Precios Cuidados, que es una política muy referencial para el gobierno, lo que hacemos es agarrar al eslabón minorista y a los grandes proveedores para dar precios de referencia, para que nadie pueda cobrar más allá de lo que es razonable. Porque un consumidor convalida un precio excesivo cuando no tiene referencias ciertas de qué es razonable y qué no. Y dar esa referencia es la tarea de la Secretaría de Comercio.

¿Qué pasa con los rubros que están por fuera de Precios Cuidados? ¿Cómo trabaja el Estado para controlar que no haya desbarajustes?

Pensá que estás en una economía de mercado y el Estado por ley, salvo en algunos sectores muy sensibles o muy puntuales, no puede fijar el precio de los productos. En el caso de los Precios Cuidados, nunca el gobierno pretendió poner precios de oferta. Yo no quiero que la leche La Serenísima o Sancor, que están en el acuerdo, salgan muy baratas. No es mi objetivo. Mi objetivo es que salgan lo que entiendo que tiene que salir para que el productor tambero, la industria que la procesa y el supermercado tengan un precio que no les implique un quebranto económico o una pérdida. No es una canasta de ofertas, no es que yo prefiero que compren los productos de Precios Cuidados y no el resto. Más bien, te diría lo contrario. El objetivo de que haya una leche a Precios Cuidados es que uno sepa “Ah, bueno, una leche entera en sachet, $6,90″. Si voy al resto de la góndola, porque ponele que a mí no me gusta La Serenísima, me gusta La Paulina o la que sea, si quiero comprar La Paulina, no me la puede cobrar $9. Porque yo sé que algo similar sale $6,90. Entonces, yo elijo qué compro de acuerdo a un precio de referencia informado. El mercado mismo debería hacer que nadie venda una leche a $9, porque no vas a pagar $9 lo que sabés que sale $6,90. Si soy un productor, o bajo el precio o me voy del mercado. Muchas veces se llevan toda la Serenísima, entonces no está el producto, uno no tiene referencia y termina pagando $9 porque no sabe cuánto sale la leche. Con una canasta abarcativa como la de Precios Cuidados, que es una referencia, le estamos pegando a miles de precios. El hincapié que hacemos es que esté el producto señalizado y al precio acordado. Lo que está pasando es que algunos precios se están acercando a los Precios Cuidados, está funcionando esto, y otros se están alejando. Si se están alejando están generando un problema, porque se van a llevar todos los productos de Precios Cuidados. ¿Entonces qué precio va a terminar rigiendo?, los otros. Con lo cual te clavaron un aumento injustificado, porque cuando nosotros nos sentamos con las empresas dijimos “Este precio, ¿a vos te da un margen suficiente? “Sí, sí”. Entonces te están reconociendo que si te venden el otro a $9 se la están llevando con pala.

¿Quiénes se sientan a la mesa en los acuerdos de precios? ¿Efectivamente están Alfredo Coto, está el dueño de Carrefour o los que deciden por cada una de esas empresas y tienen el cinismo de decir “Voy a cumplir” y después no nos ponen los cartelitos en las góndolas?

La política del acuerdo de precios tiene que ver con una cadena de valor. No sirve sentarte sólo con el supermercadista, no sirve sentarte sólo con el productor. Hay que juntarse con toda la cadena. En esta primera instancia lo que hicimos fue agarrar los grandes jugadores, no porque tengamos predilección por los grandes jugadores sino porque son los que marcan los precios. Agarramos los 10 grandes cadenas de supermercados y 65 empresas que producen la mayor parte de los bienes que están en los supermercados y nos pusimos de acuerdo con una canasta que sea representativa y sus precios. El planteo nuestro fue “Para la Secretaría de Comercio hay un despelote terrible con los precios”. No porque suban o dejan de subir. Los precios suben, algunos bajan, hay una tasa de inflación en la economía que es un dato. Ahora, más allá de la tasa de inflación hay una dispersión de precios que es completamente alarmante e irracional. Entonces lo que tenemos que hacer entre todos, poniéndonos de acuerdo, es darle a los consumidores referencias para que tomen decisiones con razonabilidad. Entonces, todos dijeron “Perfecto, estamos de acuerdo”. Cuando no hay un producto en góndola, cuando el precio es distinto, etc., el supermercado qué te dice siempre “No, me entregó el proveedor, yo le pedí, acá tengo la orden de compra”. Vas al proveedor y te dice “Nunca me compró nada” o “Se lo entregué, y lo escondió”. Entonces de esta manera, alguno de los dos miente, vos tenés a los dos eslabones. ¿Quién miente? Porque al que están perjudicando es al consumidor. Cuando vamos a un supermercado y no tiene un producto, alguno de los dos tiene la culpa. La inmediatez nos lleva a pensar que siempre es del supermercado, pero no siempre es así. Y muchas veces son socios, se ponen de acuerdo para no vender un producto pero sí el resto de los que produce la empresa y que son más caros: más margen para el supermercado, más margen para la empresa. Esta tarea implica ir desnudando el proceso de fijación de precios en esta economía. Cómo diferentes actores se ponen de acuerdo para sacarle a otros lo que no corresponde. Tenemos un trabajo muy fuerte primero con la determinación de precios de referencia. Luego, con el empoderamiento, como dice la Presidenta, de los consumidores que van al supermercado y no convalidan lo que es injustificado. Entonces le estamos dando señales a los supermercadistas y a los productores de que no vamos a convalidar estructuras de precios que no reflejen estructuras normales. El Estado debe tomar las medidas para que quede en manos del consumidor decidir “Yo quiero pagar $9 la leche porque es espectacular, no porque no tengo idea cuánto sale, no porque me están robando o engañando”. Pero lo que estamos viendo hoy es un abuso. Los aumentos de los salarios en Argentina en los últimos 10 años fueron impresionantes, pero eso no justifica ni permite aceptar que te saquen esa plata del bolsillo.

¿Cómo abordan los aumentos injustificados?

Hubo especulación, hubo aumentos injustificados en bienes muy decisivos para la economía porque después determinan cómo se forman los precios de toda la cadena. Por ejemplo, el acero o el aluminio que se usa desde la construcción hasta los envases. A partir de denuncias y a partir de análisis propios, vimos la evolución de los precios y nos juntamos y dijimos “Vos trasladaste a los precios como si tuvieses todo dolarizado, eso es injustificado”. Vamos a retrotraer los precios de lo que es injustificado porque el gobierno tiene garantizada la previsibilidad para hacer negocios. A pesar de las corridas que nos hicieron, de la especulación y de los intentos, como denunció la Presidenta, de desestabilizar al gobierno, tenemos las herramientas para transmitirle a la sociedad, a los consumidores, a los empresarios a todos los habitantes de Argentina, que están las condiciones dadas para hacer negocios de una manera razonable, para consumir de una manera razonable, donde nadie tiene por qué sacarme lo que no corresponde. Obviamente nadie que puede cobrarte más acepta voluntariamente cobrar menos, pero sí aceptaron voluntariamente cierta sobre-reacción y aceptaron voluntariamente reducir eso. Ahora estamos en la etapa en la cual muchos precios bajaron, como los bienes finales tales como los electrodomésticos donde ya se ve esa retroversión. En otros casos bajaron los costos de los insumos, que supuestamente eran la causa por la cual habían subido los precios, pero todavía no se ve en góndola esa baja.

¿En qué consistiría el proyecto legislativo de “Pague y después repita” que anunció la Presidenta?

Hoy estamos anunciando las primeras sanciones por incumplimiento del acuerdo de precios que vamos a aplicar a los supermercados. Las sanciones se encuadran en dos leyes: Ley de Lealtad Comercial y Ley de Defensa al Consumidor. Cuando el problema es que el producto no está en la góndola, tenemos la Ley de Defensa del Consumidor que nos permite aplicar multas; cuando está mal señalizado, tenemos la ley de Lealtad Comercial que nos permite aplicar multas; cuando el precio no coincide con el acordado, tenemos las dos leyes. Estas dos leyes permiten aplicar sanciones monetarias que van desde 100 a 5 millones de pesos en la del Consumidor, y de 100 a 500 mil en la de Lealtad Comercial. Esas leyes, además, permiten clausurar eventualmente ante la repetición de faltas. El tema es el siguiente, hay todo un procedimiento formal para poder aplicar esas multas. Primero que vaya un inspector oficial de la Secretaría al supermercado y tome nota del problema. Después nosotros revisamos el acta y notificamos al supermercado. El supermercado tiene un plazo para hacer un descargo. Con ese descargo, analizamos si se justifica o no. Si se justifica, aplicamos una multa en función de la gravedad del hecho. La empresa o el supermercado tienen que pagar esa multa. Si hacen una presentación en la Justicia en lo Contencioso Administrativo respecto a que consideran que la multa no corresponde o lo que sea, la justicia aplica un efecto suspensivo de la medida y decide que hasta que no se tome una decisión en la justicia no hay que pagarla. El proyecto que presentó el Senador Aníbal Fernández lo que dice es al revés “Pague y si se demuestra que estaba mal después se devuelve”. Acá no es que se invierte la carga de la culpa, no es que sos culpable hasta que se demuestre lo contrario, no, acá lo que se quiere es proteger los derechos de los consumidores. Entonces en la medida en que se detecta a partir de una intervención estatal un incumplimiento, que se pague y si hay lugar a revisión de esa sanción se devuelve.

Fuente de Información: Agencia Paco Urondo

Comentarios

Ultimo Momento